Juzgado de mayor riesgo “A” declara sin lugar la inconstitucionalidad en caso concreto que planteó Sandra Torres.

La excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, no logró revertir la resolución de la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, quien la procesó por el delito de financiamiento electoral no registrado. 

La juzgadora declaró sin lugar la inconstitucionalidad en caso concreto que planteó la exfuncionaria, quien buscaba que no le fuera aplicado el artículo 407 del Código Penal.

En la acción legal, la ex primera dama argumentó que cuando ocurrieron los hechos por los que fue acusada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en 2015, no existía ese delito por el que se presentó la acusación en su contra.

Domínguez, al analizar el planteamiento de los abogados de la defensa, consideró que no podía revocarse la resolución inicial y mantuvo el criterio de vincularla al caso por presuntamente no reportar fondos de campaña de la UNE al Tribunal Supremo Electoral. 

A la fecha, Torres y el resto de los señalados en el caso Financiamiento UNE también están procesados por asociación ilícita. Además, goza de medidas sustitutivas a la prisión preventiva y tiene autorización para participar en política. 

La investigación 

Según la FECI, la expresidenciable consintió aportes anónimos para la UNE por casi Q6 millones, aunque la pesquisa ha determinado que el monto total que esa agrupación política ocultó en financiamiento asciende a Q27.6 millones.

De acuerdo con el Ministerio Público, se usaron las empresas MAARIV, S. A.,  Promotora de Recursos Habitacionales, S. A.,  y al Grupo Empresarial San Felipe, S. A., como centros de recaudación externos al partido  para evadir el control sobre los fondos que le aportaron.

La investigación identificó que el dinero ingresó a varias empresas usadas para llevar una contabilidad paralela para los gastos de campaña y evitar el control de las autoridades.

Sobrina de Torres es procesada 

El Juzgado Penal de Jutiapa procesó por tres delitos a María Martha Patricia Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres. Según el MP, como propietaria y representante legal de la empresa Afinsa, durante 2004 y 2006, cobró Q710 mil por servicios que nunca efectuó a la Municipalidad de Comapa.
El MP identificó ese hallazgo por medio de una auditoría tributaria referente a las obligaciones formales al IVA y al ISR. Además, determinó que la sindicada recibió en su cuenta monetaria la cantidad de Q500 mil, a sabiendas de que ese dinero era producto de la comisión de un hecho delictivo.

con info. Elperiódico