Cuba recicla amenazas de Fidel Castro para atacar a promotores de marcha opositora

El gobierno cubano está reciclando las palabras de Fidel Castro, 30 años después, para atacar a un grupo de activistas que convocaron a una marcha pacífica en noviembre pidiendo la liberación de los presos políticos y que las autoridades han tildado de provocación al servicio de Estados Unidos para desestabilizar el país. Tras notificar el martes a sus organizadores que los motivos de la marcha eran “ilícitos”, el gobierno de la isla ha lanzado una extensa campaña en los principales medios estatales y redes sociales para presentar a los activistas como agentes al servicio de Estados Unidos. “No le vamos a dar garantías a la contrarrevolución. ¿Qué es lo que quieren, que aquí se pueda conspirar abiertamente, que se pueda traicionar abiertamente a la patria, se le pueda hacer el juego a los potenciales invasores a nuestro país? No tenemos por qué tolerarlo y no lo vamos a tolerar”, dijo el fallecido gobernante cubano en unas declaraciones en 1990 que fueron transmitidas el martes en la televisión estatal.

El programa estuvo dedicado principalmente a desacreditar al dramaturgo y actor Yunior García, una de las principales voces detrás de la iniciativa de la marcha pacífica. “Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna, no tendrán ningún derecho aquí a hacer campaña contra la revolución,” dijo Castro en el fragmento.

El presentador aclaró que el pensamiento de Castro es “guía de este país según la Constitución vigente”. El video del programa fue compartido en Twitter por la cuenta de la presidencia de Cuba.

Activistas en Twitter llamaron la atención sobre una foto de García usada en el video que parece estar manipulada para mostrar que el joven tiene una camiseta con la bandera estadounidense debajo de un pulóver. García respondió que el programa seguía “el guión mal escrito por la Seguridad del Estado”. “Nos vemos el 15 de noviembre”, escribió en Facebook. “Ya no les temo a los ‘camisas negras’, a los palos que exigen en cada centro de trabajo, ni a la dictadura. Y sí, ya uso la palabra DICTADURA”. García y otros miembros del grupo han negado estar siendo financiados o dirigidos por el gobierno estadounidense. Si bien la amplia cobertura negativa ha dejado claro a la población que el gobierno se opone rotundamente a la idea de una marcha opositora, al mismo tiempo ha dado a conocer la iniciativa a una audiencia nacional más amplia. La escala de la campaña de propaganda, a la que también se unieron diplomáticos cubanos en Twitter, sugiere que el gobierno cree que los activistas suponen un serio riesgo político. El gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel ha enfrentado ya las protestas más grandes de las últimas décadas, cuando cubanos por toda la isla salieron a las calles el 11 de julio. Muchos fueron reprimidos y arrestados y cientos permanecen detenidos, según datos recopilados por la organización de ayuda legal Cubalex. Una coalición de artistas, escritores, profesionales y disidentes organizados en un nuevo grupo llamado Archipiélago notificaron al gobierno de su intención de marchar inicialmente el 20 de noviembre para pedir la liberación de los presos políticos, contra la violencia y “exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos”, según una misiva entregada a las autoridades locales.

Cuando el gobierno anunció ejercicios militares para ese día, los activistas adelantaron la fecha para el 15 de noviembre. El martes las autoridades de varias provincias entregaron una carta idéntica a sus promotores en la que aducen que los motivos para convocar la marcha son ilícitos. Los miembros de Archipiélago han dicho que la marcha se mantiene porque está amparada en un artículo de Constitución aprobada en el 2019 que permite las manifestaciones pacíficas. Pero muchos de los derechos incluidos en el texto legal están sujetos a la interpretación de las autoridades. Por ejemplo, el artículo 56 indica que los derechos de reunión, manifestación y asociación se reconocen por el estado solo si tienen “fines lícitos” y “siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”. Los motivos que las autoridades aducen para concluir que la marcha no es lícita son de corte político e incluyen que sus coordinadores supuestamente tienen vínculos con “organizaciones subversivas” financiadas por Estados Unidos y que la iniciativa forma parte de un intento de cambio de régimen. Las autoridades también alegan que la iniciativa va en contra del artículo 4 de la Constitución que establece que el sistema socialista es “irrevocable”. La televisión cubana dedicó varios espacios en el noticiero y en el horario estelar a promocionar estos argumentos, mientras que Granma, el órgano oficial del partido comunista, publicó un editorial titulado “La Razón es nuestro escudo” en el que califica a la marcha de “deshonrosa y canalla acción anexionista que sirve al enemigo histórico de la nación cubana en su plan de fracturarnos y dividirnos para vencernos”. Sin ofrecer información que lo respalde, Granma asegura que el gobierno estadounidense está involucrado “explícitamente… en la farsa contrarrevolucionaria”. “Altos funcionarios gubernamentales participan directamente en su promoción y, con el apoyo de los servicios especiales, en su organización,” dijo Granma. “Instrumento importante, aunque no el único, es la embajada estadounidense en Cuba”. El vocero del Departamento de Estado negó las acusaciones y condenó la represión en la isla. “Lo que sucedió en julio, lo que sucedió en los días y semanas posteriores a eso, no tiene que ver con Estados Unidos”, dijo Ned Price. “La violencia que hemos visto, las detenciones que hemos visto, las represiones que hemos visto, ahora las prohibiciones de protestas pacíficas que hemos visto, todo esto nos recuerda que es el pueblo cubano quien está pagando caro en su lucha por la libertad, su lucha por la dignidad. Pedimos su liberación. Llamamos al gobierno de La Habana a respetar las libertades fundamentales y los derechos fundamentales del pueblo cubano ”. Varias de las personas que han participado en la promoción de la marcha llevan días siendo vigilados y sin acceso a internet, según han denunciado en las redes sociales. Al menos un miembro de Archipiélago, Daniela Rojo, fue arrestada el martes. El escritor Javier L. Mora, uno de los organizadores de la marcha en Santiago de Cuba, dijo que guardias vestidos de civil vigilan su edificio. En un espacio de Twitter llamado Radio Libertad, Mora mencionó el martes en la noche que le preocupaba que la carta de las autoridades fuera la antesala de la violencia que podría desatarse contra los que decidan marchar el 15 de noviembre, pero dijo sentirse esperanzado con el apoyo que el grupo estaba recibiendo dentro de la isla. “La ciudadanía cubana no solo apoya Archipiélago sino que está en sintonía con el sentimiento de democracia que quiere Archipiélago para nuestro país,” dijo Mora. “Tenemos que hacer un trabajo muy grande, tenemos que empezar a infundir valentía y esperanza en la población y que se den cuenta de que el estado cubano está ahí solo por un ratico. Se les está acabando el tiempo y lo saben.”

POR: EL NUEVO